Gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada comunidad autónoma se queda con el 7% del importe de la compraventa de un inmueble. Cada administración regional utiliza sus propios métodos para evitar que los propietarios declaren que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a la real. El problema es que este mecanismo antifraude funcionaba en la época del boom, cuando los precios no dejaban de crecer y las ventas se cerraban por cantidades cada vez más altas. Pero ahora las regiones no se están dando la prisa necesaria para adecuar sus cálculos a la nueva -y deprimida- realidad del ladrillo.
Una situación injusta
La falta de diligencia de la administración regional le puede costar al propietario de un inmueble mucho más dinero de lo que le correspondería según el valor real-actual del piso. Y eso suponiendo que la operación no se firme al final a un precio inferior, lo más habitual en estos tiempos en los que el comprador es el que dispone de más poder para negociar. Cuando la administración regional detecte que el contribuyente ha ingresado una cantidad inferior a la que esperaba hará una liquidación complementaria exigiendo la diferencia.
Los casos en que el sobreprecio es mayor afectan a aquellos que están dispuestos a rebajar más el precio de sus propiedades para venderlas. Así, los que más se adaptan a la nueva coyuntura son los más perjudicados.
“Nos encontramos con gente que vende por debajo de mercado y que tiene que pagar impuestos en función del valor que las comunidades han estimado del inmueble. Es profundamente injusto, cuando no inconstitucional porque viola el principio de la proporción en la carga tributaria“, aseguran fuentes de los notarios al diario El País.
Y lo peor de todo es que la injusticia de esta carga se irá agravando a medida que los precios caigan más y las comunidades no reflejen en sus valoraciones estos descensos. Fuentes de la Consejería de Economía de Madrid señalan que siguen muy de cerca lo que ocurre en la calle para adaptar sus valoraciones una vez al año, y que incluso lo hacen por debajo de los precios del mercado. Lo actualizaron por última vez el pasado mes de diciembre. “Es cierto que hemos recibido alguna queja, pero muy pocas; no significativas”, señalan fuentes de la consejería.
Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica que cada comunidad autónoma utiliza sus propios métodos para calcular las valoraciones: Madrid lo individualiza para cada inmueble, otras usan el valor catastral multiplicado por un coeficiente y otras, la tasación que se incluyó en el préstamo hipotecario. “Las quejas están llegando de varias comunidades. El afectado puede recurrir a una tasación pericial contradictoria para pagar el impuesto sólo por el dinero que efectivamente ha recibido. Pero el que se acoja a esta alternativa también asume riesgos, porque si pierde tendrá que pagar las costas del perito”, señala Del Amo.
La solución a este problema, según fuentes notariales, es que las comunidades no sean perezosas y estén atentas a las bajadas de precios para actualizar las valoraciones. Pero que esto ocurra es especialmente dudoso en estos tiempos de crisis en los que la recaudación de las administraciones se ha desplomado.
Fuente: TuCasaPress |
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